Nueva York.– El juez que lleva el caso por encubrimiento de pagos a una exactriz porno contra el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, fijó para este viernes la lectura de la sentencia, el 10 de enero, a solo diez días de su investidura.
El magistrado Juan Merchan indicó que Trump, quien se convertiría en el primer exmandatario estadounidense condenado por un delito, puede comparecer en persona o de forma virtual.
En una decisión de 18 páginas, Merchan rechazó varias mociones presentadas por los abogados de Trump, quienes buscaban que se anulase su condena.
El juez también señaló que no tiene intención de imponer una pena de cárcel contra el magnate, quien regresará a la Casa Blanca el 20 de enero como el 47.º presidente de Estados Unidos. En lugar de ello, Merchan optaría por una libertad sin condiciones.
No obstante, la sentencia tendría implicaciones significativas, pues Trump asumiría la presidencia nuevamente como un delincuente convicto.
Comentario sobre la importancia de la separación de poderes
En un Estado moderno, la separación de poderes es esencial para garantizar el equilibrio y evitar que un poder (Ejecutivo, Legislativo o Judicial) se concentre y abuse de su autoridad. El principio de separación de poderes, consagrado en la Constitución de muchos países, establece que cada poder tiene funciones claramente definidas y limitadas, de modo que ninguno de ellos pueda interferir en las decisiones del otro. Esta estructura impide, por ejemplo, que el poder legislativo interfiera en los actos ejecutivos o que el judicial se inmiscuya en asuntos legislativos.
En este contexto, la independencia del poder judicial es crucial para asegurar que los tribunales puedan emitir juicios imparciales, basados en la ley, sin presiones políticas externas. Si el poder judicial estuviera influenciado por el Ejecutivo o el Legislativo, se pondría en riesgo la justicia y se afectaría la confianza pública en las instituciones.
Por otro lado, la imparcialidad del poder judicial también debe ser respetada en el caso de figuras públicas como Donald Trump. Los tribunales deben actuar con objetividad, sin que las presiones políticas interfieran en las decisiones judiciales, garantizando así la equidad ante la ley. En un Estado democrático y de derecho, la justicia no debe depender de quién ostente el poder político, sino de la objetividad y legalidad de las decisiones tomadas por los jueces.
