El Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ratificó este viernes la condena de cinco años de prisión contra la exdiputada Rosa Amalia Pilarte López por lavado de activos provenientes del narcotráfico, rechazando en su totalidad el recurso de casación interpuesto por la defensa.
La decisión, catalogada como «trascendental» por el Ministerio Público, confirma todas las partes de la sentencia emitida en mayo de 2024 por la Segunda Sala de la SCJ en funciones de tribunal de jurisdicción privilegiada, cuando Pilarte aún era diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia La Vega.
Magnitud del Caso: RD$4,400 Millones Movilizados
La SCJ confirmó que Rosa Amalia Pilarte movilizó en sus cuentas más de RD$4,400 millones entre 2003 y 2021, mientras que sus ingresos declarados fueron de aproximadamente RD$16 millones, evidenciando una «discrepancia insalvable» con su actividad económica oficial.
El tribunal verificó que las cuentas bancarias de la exlegisladora registraban movimientos millonarios desde 2001, demostrando «la continuidad de las operaciones ilícitas» a lo largo de dos décadas.
Vínculo con Red de Narcotráfico
Según el fallo, Pilarte López está vinculada a la familia de Pablo Antonio Martínez Javier, identificado por el Ministerio Público como «cabecilla y patrocinador de la red criminal internacional dedicada al tráfico y distribución de éxtasis».
La Suprema Corte desestimó los argumentos de la defensa que atribuían las actividades ilícitas a hechos posteriores a la deportación de Martínez Javier en 2009, calificándolos como «carentes de fundamento».
Decomiso Millonario de Propiedades
La sentencia ratifica el decomiso de 13 bienes inmuebles ubicados en la provincia La Vega, con un valor estimado superior a los RD$4,000 millones. El procurador adjunto Pedro Amador Espinosa cuantificó el decomiso como «el más grande en la historia» del sistema judicial dominicano.
La decisión judicial estableció que Pilarte «tenía conocimiento de que los bienes que movilizó tenían conexión con actividades ilícitas», adquiriendo múltiples inmuebles que posteriormente fueron transferidos a la entidad fachada Inversiones Inmobiliaria Cutupú, S.R.L. «con el objetivo de ocultarlos».
Sanciones Económicas Adicionales
Además de la condena de prisión, la exdiputada del PRM debe pagar:
Multa de 200 salarios mínimos del sector público (equivalente a más de RD$2 millones)
Costas del proceso en todas las instancias
Decomiso total de los bienes involucrados en el esquema de lavado
Declaraciones Patrimoniales Falsas
El Ministerio Público demostró que Pilarte declaró ante la Superintendencia de Bancos un patrimonio de RD$15.9 millones, cifra que «no corresponde con la realidad de sus bienes», considerando que el verdadero monto ascendía a RD$4,400 millones.
Desde junio de 2020, la legisladora estaba siendo investigada por su «presunta vinculación a una red que habría realizado transacciones financieras por la suma de RD$2,593,377,316«.
Precedente Judicial Histórico
El procurador Pedro Amador Espinosa calificó la decisión como «un precedente nunca antes visto en la historia de administración de justicia» dominicana, destacando que se pronunció a unanimidad de los cinco magistrados de la Segunda Sala cuando la procesada aún gozaba de inmunidad parlamentaria.
La ratificación del Pleno convierte la sentencia en «cosa irrevocablemente juzgada», siendo «ejecutoria» independientemente de que la defensa recurra en revisión constitucional ante el Tribunal Constitucional.
Violaciones Legales Confirmadas
La SCJ confirmó que Pilarte violó múltiples disposiciones de la legislación antilavado:
Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (artículos 3 y 9)
Ley 72-02 sobre Lavado de Activos provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas (artículos 3, 18 y 21)
Ejecución de la Condena
Rosa Amalia Pilarte deberá cumplir su condena de cinco años en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres en la provincia Santiago. La sentencia es inmediatamente ejecutable, representando uno de los casos más significativos en la lucha contra el lavado de activos en República Dominicana.
Este caso establece un precedente importante en la aplicación de la justicia contra funcionarios públicos involucrados en redes de criminalidad organizada y narcotráfico, demostrando que la inmunidad parlamentaria no constituye un obstáculo para la persecución de delitos graves.
