La reforma fiscal vuelve a estar en el centro del debate político dominicano mientras diversos organismos internacionales y nacionales intensifican la presión sobre el gobierno para implementar cambios estructurales en el sistema tributario. Esta situación genera tensiones entre las necesidades de recaudación fiscal y las promesas gubernamentales de no aumentar impuestos.
El Ministerio de la Presidencia reafirmó en marzo de 2025 que el gobierno no impulsará una reforma fiscal ni revisará incentivos tributarios, manteniendo su postura de campaña. Sin embargo, la realidad fiscal del país presenta desafíos que contradicen esta posición, especialmente con un déficit fiscal proyectado del 3.47% del PIB para 2025.
Organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han señalado repetidamente la necesidad de modernizar el sistema tributario dominicano para asegurar la sostenibilidad fiscal a largo plazo. La presión se intensifica considerando que el país ha mantenido déficits fiscales superiores al 3% durante varios años consecutivos.
La propuesta de modernización fiscal presentada anteriormente por el gobierno contemplaba una recaudación adicional de más de 120 mil millones de pesos, equivalente al 1.5% del PIB. Esta iniciativa incluía elementos progresivos nunca antes implementados en la historia fiscal dominicana, según funcionarios de la Dirección General de Impuestos Internos.
Sectores empresariales y organizaciones de la sociedad civil mantienen posiciones divididas sobre la necesidad de reformas tributarias. Mientras algunos defienden la estabilidad fiscal actual, otros argumentan que es imprescindible fortalecer los ingresos del Estado para financiar programas sociales y de infraestructura prioritarios.
Los debates sobre políticas tributarias se han extendido a espacios académicos y congresos especializados, como el reciente Congreso Internacional de Consultores Impositivos (CICI2025), donde se discutieron recomendaciones específicas para una posible reforma fiscal. Estos foros evidencian la complejidad técnica del tema y la necesidad de consensos amplios.
La modernización del sistema tributario no solo implica cambios en tasas impositivas, sino también la implementación de herramientas tecnológicas como la facturación electrónica y nuevos mecanismos de pago, incluyendo el uso de tarjetas de crédito para el pago de impuestos.
