La Dirección General de Migración (DGM) continúa intensificando sus operaciones de control fronterizo tras detener a 1,647 haitianos y deportar otros 979 en sus más recientes operativos de interdicción. Estas cifras se suman a los números récord que han caracterizado la política migratoria dominicana durante los últimos doce meses.
Cifras Históricas de Deportación
En el período de un año, República Dominicana ha deportado un total de 370,240 haitianos indocumentados, marcando la cifra más alta en la historia reciente del país. Solo en los primeros nueve meses de 2025, la cifra de repatriados ascendió a 285,614 personas. El mes de septiembre registró 34,873 deportaciones, consolidando una tendencia sostenida de incremento en las repatriaciones.
Operativos Coordinados
Las operaciones se ejecutan en coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado y forman parte de un plan integral que busca regularizar la situación migratoria y controlar actividades ilícitas. Cada persona detenida es procesada individualmente en centros especializados donde se toman datos biométricos y huellas dactilares antes de ser entregada a las autoridades haitianas por los cuatro puntos fronterizos oficiales.
Retornos Voluntarios
Paralelamente a las deportaciones forzosas, un total de 115,461 haitianos han retornado voluntariamente a su país durante 2025, considerado como resultado directo de las medidas gubernamentales implementadas. Estos retornos voluntarios se realizan bajo principios de respeto a los derechos humanos y protección de la reunificación familiar.
Contexto de Crisis Regional
Las medidas migratorias se implementan en el contexto de la profunda crisis sociopolítica que atraviesa Haití, donde más del 80% de Puerto Príncipe está bajo control de bandas armadas, mientras aumentan el hambre y la emigración. El vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, director de la DGM desde octubre de 2024, ha liderado esta política como parte del mandato del presidente Luis Abinader.
Cumplimiento Legal
La DGM enfatiza que todas las operaciones se realizan en estricto cumplimiento de la Ley 285-04 y respetando las normativas de derecho internacional, con el objetivo de salvaguardar la seguridad y soberanía nacional. Las autoridades sostienen que estas medidas son necesarias para prevenir que personas en situación de vulnerabilidad sean víctimas de redes de trata o explotación.
