Esta semana, el ambiente judicial dominicano se vio envuelto en controversia por dos asuntos de alto perfil. La Procuraduría General de la República recusó al juez Franny García, que tenía a su cargo la instancia de “habeas data” presentada por el ex procurador Jean Alain Rodríguez, quien exige la documentación oficial sobre la alerta migratoria que le impidió salir del país en 2020 y 2021. De acuerdo con la defensa de Rodríguez, la acción de la Procuraduría constituye una maniobra para retrasar el proceso, ya que el juez supuestamente mantiene un proceso abierto en calidad de víctima contra esa institución, lo que ha polarizado aún más la discusión en torno al mediático caso Medusa.
Paralelamente, el Tribunal Superior Administrativo (TSA) celebró audiencias en las que organizaciones ambientales y civiles reclamaron al gobierno y al sector energético por los prolongados apagones que afectan a la población. Las demandas señalan el incumplimiento de leyes y acuerdos internacionales sobre transición energética, y acusan al gobierno de favorecer el uso de combustibles fósiles, desatendiendo la planificación y la diversificación de la matriz eléctrica del país. El tribunal escuchó tanto a los demandantes como a representantes estatales, reservándose el fallo para una próxima fecha.
Estos episodios retratan el pulso entre la justicia, los intereses del Estado y las exigencias ciudadanas, confirmando que los tribunales dominicanos son epicentro de debates clave para la transparencia institucional, el derecho de los acusados y la solución de problemas estructurales como la crisis energética nacional.
