El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva contra 11 policías por la muerte de cinco hombres en Santiago, tras determinar que el operativo del 10 de septiembre constituyó una ejecución premeditada. La institución judicial indica categóricamente que «de forma premeditada y sin mediar palabras, policías mataron a los 5 hombres en Santiago» durante el controvertido operativo en la plaza comercial de La Barranquita.
Detalles de la Ejecución
Según el expediente judicial, los once agentes llegaron al lugar a bordo de tres vehículos —un Mazda, un Honda Civic y un KIA K5 2013— y se posicionaron estratégicamente frente a la entrada de la plaza comercial. «Los imputados pusieron en marcha los vehículos y se ubicaron frente a la entrada de la plaza y rápidamente salieron de los referidos vehículos y sin mediar palabras dispararon contra las víctimas», detalla el documento oficial.
Víctimas Identificadas
Las cinco víctimas mortales fueron identificadas como Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (La Tabla), de 28 años; Carlos Enrique Guzmán Navarro (el Charly y/o Charli Chasc), de 40 años; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35 años, y José Vladimir Valerio Estévez, de 25 años.
Policías Imputados
Entre los encartados figuran los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco, el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez, el segundo teniente Domingo de Los Santos Vargas, los cabos Yohandy Encarnación, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad, el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz, el sargento Hairo Mateo Morillo, y los rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña.
Obstrucción de la Justicia
Los fiscales piden la declaratoria de caso complejo argumentando que los imputados desarrollaron acciones sistemáticas para ocultar evidencias y entorpecer la investigación. Los policías sustrajeron videos de cámaras de seguridad de la plaza, confiscaron teléfonos móviles de testigos que grabaron el hecho y contactaron comerciantes para apoderarse de dispositivos de grabación con el propósito de borrar evidencias.
Cargos Legales
El Ministerio Público otorgó al caso la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano que tipifican la asociación de malhechores y el homicidio voluntario.
Caso de Abuso Sexual
En otro desarrollo judicial, se impuso prisión domiciliaria a un cura acusado de abuso sexual, marcando otro paso en el fortalecimiento del sistema de justicia dominicano contra delitos de esta naturaleza.
