El fenómeno de las personas desaparecidas se ha convertido en una preocupación creciente, aunque muchas veces es ignorado por las autoridades y la sociedad. Familias desesperadas buscan respuestas, mientras el sistema judicial y las instituciones encargadas de la seguridad ofrecen pocas soluciones concretas.
Esta crisis no solo afecta a quienes han perdido a un ser querido, sino que también genera un impacto profundo en la salud mental de la población.
El número de desaparecidos sigue en aumento, pero la falta de estadísticas oficiales y mecanismos efectivos de búsqueda evidencia la indiferencia estatal. En muchos casos, las desapariciones están ligadas a la trata de personas, el crimen organizado o la violencia doméstica. La falta de recursos, protocolos de actuación eficientes y voluntad política convierte este problema en un laberinto sin salida para muchas familias.
El impacto psicológico de la desaparición
El dolor de quienes buscan a sus familiares es incalculable. La incertidumbre, la impotencia y la falta de respuestas generan un estado de angustia permanente que puede derivar en trastornos de ansiedad, depresión y estrés postraumático. La psicóloga clínica María López explica que “vivir con la incertidumbre de no saber el paradero de un ser querido es una de las experiencias más traumáticas que puede atravesar una persona. La mente no puede procesar el duelo porque no hay cierre, lo que genera un sufrimiento constante”.
En este sentido, es urgente que el Estado brinde apoyo psicológico a las familias afectadas. En otros países, como Argentina y España, existen programas especializados para asistir a quienes han perdido a sus seres queridos en circunstancias desconocidas. República Dominicana necesita avanzar en esta dirección y garantizar que las víctimas indirectas de estas desapariciones tengan acceso a ayuda profesional.
La deuda con la salud mental
La problemática de las desapariciones es solo un reflejo más de la deuda que el país tiene con la salud mental. En República Dominicana, el acceso a servicios de salud mental sigue siendo limitado, con pocos especialistas en relación con la población y con una inversión gubernamental insuficiente. La psicóloga Laura Méndez afirma que “hay una cultura de estigmatización hacia la salud mental, donde se minimizan problemas graves y no se le da la importancia que merece”.
El Estado debe reforzar las políticas públicas que permitan un acceso más equitativo a la atención psicológica, no solo para los familiares de personas desaparecidas, sino para toda la sociedad. La violencia, la precariedad económica y la falta de oportunidades han creado una población altamente vulnerable a trastornos psicológicos, y sin una respuesta efectiva, el problema solo seguirá empeorando.
Un llamado a la acción
La desaparición de personas en República Dominicana no puede seguir siendo un tema silenciado. Es necesario que el Estado implemente mecanismos efectivos de búsqueda, refuerce las instituciones de seguridad y garantice apoyo psicológico a las familias afectadas. Además, debe impulsarse una reforma integral en el sistema de salud mental que permita a los ciudadanos recibir la ayuda que necesitan.
Las autoridades, los medios de comunicación y la sociedad en general deben asumir su responsabilidad en la visibilización de esta crisis. Solo así se podrá avanzar hacia un país más justo, donde las familias no tengan que vivir en una agonía eterna y donde la salud mental deje de ser un privilegio para convertirse en un derecho fundamental.
