La sentencia del TSE y la amenaza a la pluralidad democrática en la República Dominicana
La reciente sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) que redefine los criterios de distribución de los fondos públicos asignados a los partidos políticos ha encendido un debate de gran magnitud en el escenario político Nacional. En particular, su impacto sobre los partidos minoritarios revela contradicciones jurídicas y riesgos políticos que no deben pasarse por alto.
Nuestra Constitución, en su artículo 216, establece que los partidos políticos constituyen entidades de interés público y deben contribuir a la participación ciudadana, al fortalecimiento del sistema democrático y a la representación plural de la sociedad. Este mandato es reforzado por la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, y por la Ley 20-23 del Régimen Electoral, que establecen normas claras sobre la conformación, reconocimiento y financiamiento de las organizaciones políticas. Sin embargo, la sentencia del TSE, lejos de fortalecer esos principios, introduce un precedente que podría debilitar la pluralidad democrática.
De acuerdo con la Ley 33-18, en su artículo 61, la distribución de los recursos públicos debe realizarse siguiendo criterios de equidad, garantizando que tanto los partidos mayoritarios como los minoritarios tengan acceso a un financiamiento que les permita cumplir con su rol democrático. Asimismo, la Ley 20-23, en su artículo 224, reafirma que la financiación pública busca promover la igualdad de oportunidades en la contienda política. La decisión del TSE, al restringir de manera drástica la proporción de fondos para los partidos minoritarios, entra en abierta contradicción con estas disposiciones legales.
El peligro de esta interpretación es evidente: sin recursos, los partidos pequeños no podrán sostener sus estructuras básicas ni participar en igualdad de condiciones en el proceso político. Y aquí conviene recordar que la democracia no se mide en cifras absolutas de votos, sino en la diversidad de ideas, propuestas y corrientes que conviven en el debate público. Ningún partido inicia con millones de militantes; todos los grandes movimientos de la historia comenzaron con pequeños grupos de ciudadanos que compartieron un ideal y lo expandieron con el tiempo. Negar ese espacio es negar la esencia misma del sistema democrático.
Es cierto que muchos miran a los partidos minoritarios con desdén, los critican o los etiquetan como irrelevantes. Pero esta visión es limitada y peligrosa. La democracia, en su sentido más puro, es inclusión. Un partido con diez votos, con mil o con un millón, sigue siendo un partido político que representa el sentir de un sector de la ciudadanía. Coartar su acceso a recursos públicos equivale a asfixiar esas voces, a eliminar de facto la diversidad que el propio Estado está en el deber de garantizar.
El financiamiento público de los partidos no es un gasto superfluo: es la inversión necesaria para sostener el precio de la democracia. Cada ciudadano, a través de sus impuestos, contribuye a mantener un sistema donde el pluralismo político no sea privilegio de unos pocos, sino un derecho de todos. Por ello, tanto la Junta Central Electoral como el Tribunal Superior Electoral deben entender que su rol no es crear condiciones de exclusión, sino arbitrar con imparcialidad para que la democracia funcione mejor.
Un símil ayuda a comprenderlo mejor: la familia, núcleo esencial de la sociedad, puede ser diversa en su composición padre, madre e hijos, o incluso monoparental, pero ninguna deja de ser familia. Lo mismo ocurre con los partidos: no importa su tamaño, todos cumplen con una función vital en el engranaje democrático. Desconocer a los pequeños es desconocer el derecho ciudadano a organizarse políticamente según sus intereses y visiones de futuro.
La sentencia del TSE, al no gravitar de manera correcta sobre los intereses de los partidos minoritarios, corre el riesgo de erosionar la base pluralista de la República Dominicana. Y conviene reiterar: la democracia no tiene tamaño; su esencia es la participación y la diversidad. Defenderla significa garantizar que cada voz, por pequeña que sea, tenga el derecho a expresarse y a competir en igualdad de condiciones.
En consecuencia, más que una cuestión jurídica, lo que está en juego es la legitimidad de nuestro sistema político. El país necesita instituciones que fortalezcan la confianza ciudadana en la democracia, no decisiones que la debiliten. Porque si algo nos enseña la historia es que el respeto a la pluralidad no solo es un principio legal, sino una garantía indispensable para la estabilidad y el progreso de la nación.
