Informe Preliminar sobre la visita al Estado Plurinacional de Bolivia

La Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y Víctimas de la Prisión Política (www.derechosdelospueblos.net) se considera heredera y continuadora de una larguísima tradición antiimperialista en el movimiento de lucha por los derechos humanos; cómo tal, tenemos presencia desde Tucson en los EE.UU. hasta la Patagonia argentina; desde nuestro compromiso con la Patria Grande, hemos participado en diciembre de 2024 en la constitución del Consejo de Movimientos Sociales del ALBA-TCP en Caracas, y creemos que la causa por los derechos humanos es constitutiva de la estrategia anticolonial y antiimperialista en curso.  Fuimos a Bolivia convocados por los familiares de más de cien personas que denuncian ser víctimas de persecución y encierro por razones políticas, por lideresas y dirigentes populares que alegan ser víctimas de persecuciones, estigmatización y privación del derecho a la actividad política y la organización popular; fuimos a Bolivia porque hemos acompañado sus luchas desde el comienzo del siglo, porque los recibimos en el exilio, porque jamás dejamos de acudir adonde se denuncian abusos y violaciones a los derechos humanos, en definitiva fuimos para hablar con fundamento y conocimiento de causa.  Estuvimos en las ciudades de La Paz y Cochabamba, visitamos penales y sitios de privación de la libertad, recibimos a familiares de presas y presos políticos, a personas directamente víctimas de actos de persecución y castigo, nos reunimos con la Defensoría del Pueblo y nos comunicamos por sistema de mensajería con el Sr Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, César Siles Bazán y la Sra. Viceministra de Justicia, Dra. Jessica Sarabia Altrastain a quienes prometimos entregar este primer informe preliminar y provisorio y de quienes esperamos dialogar sin prejuicios sobre lo que nosotros vimos y escuchamos, en beneficio de las personas involucradas y la democracia boliviana.

Bolivia transita una crisis económica, social y política. Las familias bolivianas se encuentran golpeadas por una aguda inflación y devaluación de la moneda, situación que ha incrementado la pobreza y la pobreza extrema, poniendo en situación de desesperación a los sectores más vulnerables.  Se sufre una crisis energética lo cual pone en peligro todas las actividades comerciales y productivas del país. Se ha pasado del periodo de nacionalización exitosa de los recursos al agotamiento de muchas de las fuentes de energía como resultado de erróneas políticas de larga data. A esta situación se suman las denuncias por corrupción, que alcanza a los más altos niveles del Estado. A la fecha hay dos Ministros detenidos y procesados.

En ese contexto, movimientos sociales de Bolivia presentaron un Pliego Petitorio con sus demandas y reivindicaciones, exigiendo al gobierno un espacio de diálogo para resolver distintas medidas en lo económico como el abastecimiento de combustible, la disponibilidad de dólares para reducir los precios, reponer al Ministerio de Energía para acelerar la industrialización del litio y retomar el plan inicial de extracción por evaporación, que no se aplique la libre importación, entre otras. También se denuncia al gobierno nacional de haber debilitado los pilares democráticos a través de la “destrucción del Estado de Derecho”, promovida por ejemplo por el Tribunal Constitucional Plurinacional al emitir una resolución que paraliza el mandato constitucional de fiscalización a través de la Censura de la Asamblea Legislativa a autoridades ejecutivas; la resolución constitucional 040/2024 ratificada por el Tribunal Constitucional por la sentencia 721/2024-S2 que restringe el derecho a la protesta y otras Resoluciones del Tribunal Supremo Electoral que restringen el derecho a elegir y a ser elegidos a diversos líderes populares. Sumamente grave es la auto prórroga del mandato de los magistrados.  

Al exigir abrir un espacio de diálogo, los movimientos sociales no solo ejercían el derecho constitucional a la petición sino la continuidad de una labor de resistencia que terminó con la dictadura de Añez y abrió las puertas al proceso electoral que llevó al actual presidente Lucho Arce a la Casa Grande del Pueblo.  Lamentablemente y en contra de su propia base social, el Gobierno Nacional no dio respuesta a las solicitudes de diálogo lo que precipitó la previsible respuesta popular de movilizarse, como es la tradición nacional desde  hace décadas. Así, comenzaron las movilizaciones y bloqueos en septiembre de 2024 con una “Marcha para Salvar la Patria” hacia La Paz A estas peticiones, los poderes del Estado Plurinacional respondieron con represión (fuerzas de seguridad), aplicación de figuras jurídicas antidemocráticas como la Ley Antiterrorista (el mismo Poder Judicial que en su momento apañó el Golpe de Estado) y una campaña de estigmatización  y desprestigio por parte del propio gobierno nacional y sus principales figuras y ministros.  El  Gobierno nacional ha iniciado un proceso de agresiones sistemáticas en contra de personas y de las organizaciones sociales indígenas originarias que fueron brutalmente agredidas por las Fuerzas Públicas, haciendo un uso excesivo de la fuerza, e ilegalmente detenidas. Estos graves hechos de violaciones sistemáticas de Derechos Humanos son contrarios a la Constitución Política del Estado de Bolivia y a los Tratados y Convenios internacionales suscritos y ratificados por Bolivia. 

Los principales derechos afectados serían, de acuerdo a lo denunciado y observado en situ por nuestra delegación:

• Detenciones ilegales o arbitrarias, persecución política y hostigamiento a luchadoras y luchadores sociales.
• Derechos vulnerados como miembros de pueblos y naciones indígena originario campesinas. 

De las declaraciones vertidas ante esta delegación por familiares, surge que las personas habrían sido detenidas arbitrariamente y que pertenecen a pueblos y naciones indígenas, constatándose la detención de al menos una autoridad ancestral indígena, sin tener en cuenta su condición ni el marco normativo que esto representa. Se ha podido escuchar el relato de hombres y mujeres que han sido detenidas de manera violenta, llevada adelante por policías o fuerzas de seguridad sin identificación. Se han realizado detenciones violentas a mujeres, algunas de ellas embarazadas, con niños en sus espaldas dentro de sus awayus, los cuales han caído y han sido dejados solos en la calle al detenerse a su madre. El niño ha sido encontrado solo en una crisis emocional profunda. Se constata al menos una embarazada golpeada, sin controles pre natales por parte del servicio penitenciario, teniendo sus familiares que hacerse cargo de controles médicos y/o estudios de imágenes y laboratorios. La mujer se encuentra en un notable bajo peso para los meses de gestación, corriendo peligro no solo su vida sino también la del niño por nacer.  Se detectó al menos una persona con padecimiento oncológico avanzado detenida, a quien se le ha negado el acceso a la salud. Otras personas detenidas han presentado distintas afecciones en el derecho a la salud, ninguna de ellas atendidas por el servicio penitenciario.  Las familias de las personas detenidas, relatan agresiones físicas y verbales a las detenidas y los detenidos, racismo manifiesto al insultar la condición de indígenas o campesinos. Testigos relatan los hechos de la misma manera. 

• Persecución Política:

Es indudable que las detenciones llevadas a cabo de manera masiva, violenta e ilegal, tienen un trasfondo de persecución política, tanto en relación a las personas y su pertenencia organizacional, como a las organizaciones sindicales y políticas de Bolivia, las cuales han reclamado manifiestamente al Gobierno actual. A todos los detenidos se les ha acusado de terrorismo (art.133 cp.), tenencia porte y portación ilícita (art. 141 quinter), peligro de estrago (art. 208), financiamiento al terrorismo y asociación delictuosa. Hay al menos 98 personas con prisión preventiva, entre los que se encuentran dirigentes campesinos y sociales. La mayoría de las personas detenidas han sido desarraigadas de su lugar de origen y llevadas a la Ciudad de La Paz, a 378 kilómetros de su lugar de origen. Las familias de la mayoría de las y los detenidos, se encuentran bajo condiciones de extrema pobreza. Algunas de las detenidas son madre cabeza de familia y sus hijos pequeños han quedado a la deriva. De las entrevistas surge que “la policía salió a la caza de personas, que luego acusó de terroristas”. Se pudo observar que muchas de éstas personas no estaban relacionadas con organización política alguna, otras fueron a ejercer su derecho a manifestarse (CPNB sección II Derechos Políticos art. 26 párrafos I y II), otras sencillamente fueron perseguidas y cazadas por la policía sin que estuvieran relacionadas con la protesta o con la organización. Entre los varios casos que esta delegación internacional pudo conocer, quizá deba mencionarse el de una madre y su hija que fueron a la comisaria (FLCC Quillacollo) a preguntar por su otra hija y ambas quedaron detenidas junto a quien era buscada.  El hostigamiento a las y los detenidos es continuo, comienza con la aprehensión/detención, continúa en los penales y centros de detención, donde son señalados como terroristas, además de discriminar a la mujer de pollera y al campesino. En las detenciones se pudo conocer que a un grupo de mujeres se les negó la comida – que habían llevado familiares – durante unas 54 horas más o menos. Dicha situación fue denunciada a la Defensoría del Pueblo. También se las hizo desnudar, y en ese estado ponerse en cuclillas o como se conoce en la jerga “hacer ranita”. Las mujeres fueron obligadas a desnudarse en un lugar donde había cámaras y esta delegación desconoce si se estaban grabando o no. Pero lo cierto es que, para mujeres tradicionalistas, indígenas y campesinas esto resultó un verdadero vejamen. 

Condiciones de detención. Pago en los penales. Tortura 

Los centros de detención o penales son lugares hacinados, a modo de información podemos mencionar que: el centro de detención de OBRAJES para mujeres tiene capacidad para 250 detenidas y al momento se encuentran unas 560 mujeres. En el centro de detención de San Pedro, cuya localización es en el centro de la Ciudad de la Paz, tiene capacidad para 1.000 detenidos, pero actualmente se encuentran alrededor de 4.000. En el centro de detención de Patacamaya se encuentran alrededor de 650 detenidos y el centro tiene una capacidad de 250 personas detenidas. Todos datos estimativos, dado que no existe informe anual de la Defensoría del Pueblo, que es el órgano de aplicación del protocolo facultativo contra la tortura. El acceso a la salud, es vulnerado ampliamente y las y los reclusos quedan a merced del servicio penitenciario, quien niega una adecuada atención y un turno médico puede demorar meses. Si la persona detenida necesita alguna atención urgente, es soportada por las familias. Lo realmente grave es que las personas que son detenidas en las cárceles, deben pagar un “derecho de piso” el que consiste en ser violentado si no se entrega un monto de dinero determinado. Las mujeres son enviadas a realizar tareas indignas si no abonan su derecho de piso. Este pago lo realiza la familia: por un lugar donde dormir, para asegurar la comida y se paga para tener tranquilidad de que las personas detenidas no sean víctimas de vejaciones, torturas o hasta para que no sean asesinadas.  Como información adicional podemos decir que el día en que se iba a realizar una visita al penal de San Pedro, murieron de forma violenta dos  personas en el penal de Chonchocoro.  En lo que va del año se han contabilizado ocho muertes de personas detenidas en establecimientos penales carcelarios. El día que estaba programada la visita al penal de San Pedro, esta delegación noto que las familias de las personas detenidas esperan largas horas para ingresar, al rayo del sol sufriendo las inclemencias del clima.  En relación a las y los detenidos en las manifestaciones sociales, podemos decir que el alejamiento de su centro de vida, los afecta ampliamente: por ejemplo, el clima adonde fueron trasladados es absolutamente distinto de sus lugares de origen. La alimentación que depende de las familias está seriamente afectada, además de no ser aceptada el ingreso de alimentos propios de su región producida por su familia. La mayoría de los familiares denunció que no se les permite ingresar alimentos que se producen en su región. Mención especial merecen las mujeres y niñeces de los y las detenidas. Un relato constante en la familia es que han quedado mujeres con niños pequeños a su cargo cuando el proveedor de la familia se encuentra detenido hace varios meses, mujeres desesperadas porque no tienen alimentos para sus niños pequeños, la crisis económica y la falta de oportunidad laboral agravan la situación. Por otro lado, como se mencionó ut supra hay madres jefas de hogar detenidas y sus hijos han quedado a merced de cualquier peligro, sin posibilidad de asistir a la escuela, las clases han comenzado el pasado 3 de febrero y las y los niños que tienen su madre detenida o su padre detenido carecen de condiciones económicas para asistir a clases. Algo que debe tenerse en cuenta es no sólo la extrema pobreza en la que viven la mayoría de las familias, sino que muchas de éstas relatan estar sometidas a un crédito bancario que presiona fuertemente. Tanto las personas detenidas como sus familiares parecen estar en un sistema bancario de crédito que los oprime.  También debe mencionarse el daño emocional que se ha causado a la población campesina e indígena. El caso del niño que se cae del awayu de su madre mientras esta recibe golpes, ha presentado episodios de crisis de angustia y notoria alteración emocional.  Los niños y niñas que sus madres o padres se encuentran detenidos, son asistidos por sus familiares o amigos, pero es de destacar que todas son familias en condición de extrema pobreza. Se puede concluir que la sola permanencia en este tipo de lugares de encierro constituye delito de malos tratos y torturas según todas las convenciones vigentes  y en particular las Reglas Mandela, aprobadas por las Naciones Unidas en el 2015 sobre condiciones mínimas para personas privadas de libertad.

Debido proceso. Derecho de defensa. Juicio Abreviado

El debido proceso es un principio universal para que un proceso sea considerado válido. Lo observado por ésta delegación en cuanto al debido proceso es lo siguiente: las detenciones fueron arbitrarias y muchas de ellas al azar. No existen pruebas objetivas, según la defensa técnica, que vincule a campesinos e indígenas en condición de extrema pobreza, con algún tipo de asociación terrorista. A algunos de ellos se les detuvo solo por poner me gusta en alguna red social o por haber recibido algún mensaje respecto de los bloqueos o manifestaciones. En otros casos una agenda resulta ser objeto de prueba suficiente para la detención. Muchos denuncian que la policía les ha plantado pruebas. Hemos escuchado testimonios de personas que dijeron haber visto como la policía le ponía piedras o petardos. Esta delegación ha tenido conocimiento que no se les permitió a los abogados/as de confianza de las y los detenidos, hablar con éstos antes de la audiencia de imputación. Mientras los abogados de confianza pedían a gritos poder hablar con sus defendidos/as, éstos eran obligados a designar defensa pública. El tema de no poder comunicarse con su abogado/a de confianza, fue un hecho reconocido por la Defensoría del Pueblo, en una reunión llevada a cabo por esta delegación, el día 06 de febrero del 2025, en la sede del defensor del pueblo. Por otro lado, cabe destacar que los abogados y abogadas que conforman las defensas particulares han tenido innumerables dificultades para llevar adelante el ejercicio profesional. Esta delegación fue testigo del impedimento violento a un abogado defensor a entrevistarse con su defendido, a pesar de estar éste notificado de una audiencia que se llevaría a cabo ese día. Dicha agresión por parte de la policía, fue en presencia de la persona designada por la Defensoría del Pueblo para que acompañe a esta delegación. La situación fue debidamente denunciada. Todo esto sucedió en el penal de Patacamaya, a una distancia de 98 km. de la Ciudad de la Paz, que son dos horas por carretera.  Mención aparte merece la imposición de los juicios abreviados que pretende llevar adelante el ministerio público. La situación fue constatada por ésta delegación mediante testimonios y vistas de notificaciones. El modo de operar es el siguiente: se le extorsiona a la persona privada de su libertad para que acepte si o si el procedimiento abreviado a cambio de su libertad. Es decir, se les amenaza con una pena máxima pero sí reconocen su culpabilidad y pertenencia o vínculos con el terrorismo, se les promete la libertad condicional, con una pena mínima de tres (3) años. Incluso se han organizado charlas por parte del Ministerio Público para exhortar a las personas detenidas a aceptar. No se les informa sobre las consecuencias que cada una de ellas debe acarrear en caso de acogerse a este proceso abreviado. Además, para poder llevarlo a cabo se realizan audiencias sin la participación del abogado de confianza, solo con uno de la defensa pública. Es decir, no permiten el ingreso del abogado de confianza designado y para cumplir con la presencia del defensor, llaman a la defensa pública. La mayoría de los y las detenidas han rechazado dicho procedimiento, sin embargo, hay un número que lo ha aceptado al no poder soportar las circunstancias del encierro, o bien al no estar lo suficientemente asesoradas sobre las consecuencias jurídicas y legales. De acuerdo a lo que esta delegación pudo escuchar y constatar, las detenciones arbitrarias, fueron realizadas en el marco de distintos reclamos sociales. Esto también se encuentra plasmado en la persecución política de dirigentes gremiales y organizaciones de base. Así mismo, esta delegación realizó una visita al ex presidente Evo Morales, quien denunció una sistemática persecución política y guerra judicial en su contra y a otros dirigentes sindicales por parte del Gobierno Nacional vulnerando sus derechos fundamentales al debido proceso, presunción de inocencia y a la defensa, se evidenciaron más de 20 disparos de armas de fuego de alto calibre a dos automóviles que lo condujeron el 27 de octubre donde sufrió un intento de magnicidio, a la fecha no se ha iniciado ninguna investigación a pesar de la denuncia formal efectuada, es necesario considerar además, que el Ministro de Gobierno Eduardo del Castillo declaró públicamente que los autores de los disparos en contra de Evo Morales y su equipo de trabajo fueron funcionarios policiales.  Esta delegación presentará un Informe pormenorizado de las vulneraciones a Derechos Humanos de las y los detenidos políticos, de sus familiares y del ex Presidente Evo Morales a la brevedad. 

Impacto en los derechos colectivos

La detención arbitraria de personas indígenas no solo afecta sus derechos individuales, sino también los derechos colectivos de sus comunidades, debilitando su capacidad de organización y resistencia frente a políticas estatales que los discriminen.  Especial discriminación y violencia se concentra contra las Mujeres de Bolivia, las mujeres que se movilizan en bloqueos, en manifestaciones, o reuniones, o simplemente se encuentran en transito en cercanía de actividades sociales, cuando son apresadas o reprimidas o detenidas, son tratadas como mujeres de mala vida: “las cholas de Evo”, que sería como decir “las prostitutas del Ex Presidente Evo Morales Ayma”, ya que se usa la palabra tradicional “Chola” como sinónimo de mala mujer, son tratadas de ”putas” directamente. Sobre este tema del relanzamiento revanchista de la discriminación de la mujer por raza, genero y opción política, no se queda en las mujeres de a pie, sino que alcanza ribetes increíbles al golpear también la actividad institucional de las mujeres legisladoras. Diputadas han dado testimonio que sus maridos son abordados por sus adversarios parlamentarios para pedirles que dominen nuevamente a sus mujeres legisladoras y así apoyen las leyes del Presidente de la nación, bajo pena de ser perjudicados como familia. También los hijos e hijas de las legisladoras son molestados y presionados en sus escuelas. Es notable además una permanente patota de policías de civil y personas marginales que son dejados ingresar en las sesiones parlamentarias para agredir a las mujeres diputadas sin que se aplique el reglamento para brindar seguridad a las mujeres en el ejercicio de sus funciones. Que, para finalizar, también debemos expresar preocupación por el destino de las organizaciones sociales, sindicales, campesinas y de mujeres, en general, ya que son incontables las intervenciones directas que han sufrido de sus organizaciones por parte del Estado, mediante procedimientos legales falseados han cambiado las conducciones de estas organizaciones, decomisando inmuebles, propiedades y cajas de ahorro, que son patrimonio de estas organizaciones populares y que hoy se encuentra en poder de funcionarios públicos que ahora se arrogan la representación social, dejando de lado a sus verdaderos líderes y lideresas y a todos los afiliados de su base social. Llegando al extremo de destruir locales y sedes comunitarias, como es el caso de la sede de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba que fuera quemada completamente por personal de policía en la ciudad de Cochabamba. Es importante que quede claro aquí, para que nadie se confunda, que no se trata solo del “cambio” polémico en la conducción del MAS – IPSP, cuyo procedimiento es denunciado por muchos afiliados y dirigentes del partido de gobierno como fraudulento; Han realizado el mismo procedimiento con muchas de las organizaciones populares que forman la gran base social que tenía el Movimiento al Socialismo, y sus verdaderos líderes son perseguidos junto a sus familiares y organizaciones de base.

 El presente informe provisorio y preliminar ha sido redactado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina el día 14 de febrero de 2025 por las integrantes de la delegación Dra. Andrea Reile,  de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Patagonia Argentina, Dra. Sonia López presidenta del P. Comunista de la provincia de Corrientes, Argentina  y la  Trabajadora Social María José Cano, directora de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA A) en consulta con la dirección de la Coordinadora Americana, entidad que se hace responsable del mismo, y profesionales  bolivianos en derecho.  Ya que la mayoría de las personas ha manifestado preocupación por las consecuencias que podría tener la difusión de sus nombres  hemos decidido mantener reserva de los mismos poniendo a disposición de las autoridades respaldo audiovisual completo de todas las entrevistas y reuniones, previo compromiso de las mismas de garantías reales para las personas denunciantes. Próximamente presentaremos la versión completa de este informe para conocimiento del movimiento social boliviano y regional, para conocimiento de las autoridades judiciales intervinientes y para eventuales presentaciones ante organismos internacionales empezando por el Consejo de Movimientos Sociales del ALBA TCP,  la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños  CELAC  y otras instancias de articulación e integración q que no estén bajo la hegemonía imperial,  como la OEA y sus agencias.  

Nadie suelta la mano de nadie Libres les queremos

José Ernesto Schulman, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora.

Correo: cooramericanaporlosddhh@gmail.com