En septiembre de 2025, la administración Trump solicitó formalmente a la Corte Suprema de Estados Unidos retirar las protecciones legales contra la deportación de 300 mil venezolanos que residen en el país bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS). Esta medida surge tras una serie de batallas legales en cortes inferiores, donde un juez federal había suspendido previamente la eliminación del TPS, citando el grave impacto humanitario y económico que supondría para miles de familias venezolanas.
El gobierno argumenta que la continuidad del TPS es “contraria al interés nacional”, señalando presuntas mejoras en la situación venezolana y la necesidad de endurecer la política migratoria. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos y grupos migrantes advierten que muchos beneficiarios del TPS enfrentan persecución o condiciones de crisis si son retornados, ya que obtuvieron la protección precisamente por la inestabilidad social y política en Venezuela.
El futuro de estos 300 mil venezolanos, que cuentan con empleo y vida estable en Estados Unidos, dependerá ahora de la resolución de la Corte Suprema. Si se acoge la solicitud, a partir de octubre muchos perderán su estatus y quedarán expuestos a la deportación, marcando un punto de inflexión para una de las diásporas más significativas del continente.
