LIMA.– Dina Boluarte, reiteró este lunes su apoyo al líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, con quien conversó en una videoconferencia donde ratificó que su gobierno no reconoce el resultado de las elecciones de La República Bolivariana de Venezuela que dieron como ganador al presidente Nicolás Maduro.
Boluarte sostuvo «una fructífera conversación por videoconferencia con @EdmundoGU, a quien le reconoció su liderazgo, coraje y valentía en todas sus acciones desplegadas a nivel internacional en favor de la democracia en Venezuela», indicó la presidencia peruana a través de la red social X.
En la videoconferencia, en la que Boluarte estuvo acompañada en el Palacio presidencial por su canciller Elmer Schialer, también participó la líder opositora María Corina Machado junto a González Urrutia.
El 30 de julio el entonces canciller Javier Gonzáles Olaechea dijo que su gobierno lo reconocía como ganador y presidente, pero a inicios de septiembre renunció cuando el jefe del gabinete ministerial Gustavo Adrianzén lo desautorizó tras declarar que el candidato opositor venezolano «no puede ser el presidente electo. No tenemos ninguna comunicación oficial del Estado peruano reconociendo esa condición para el señor González Urrutia».
«Hemos pedido que se haga un reconteo», aseguró entonces el brazo derecho de Boluarte.
Venezuela rompió relaciones con Perú a raíz de esa declaración del entonces canciller, y no dio marcha atrás retirando a su personal diplomático de Lima.
Pedro Castillo presidente apresado por la derecha
El arresto de Pedro Castillo se desarrolló el 7 de diciembre de 2022, La Fiscalía avanza con un pedido de 34 años de cárcel por rebelión y conspiración. Si bien su defensa insiste en denunciar irregularidades procesales, los expertos coinciden en que las posibilidades de que el exmandatario recupere su libertad en el corto plazo son mínimas.
Recordemos que meses después de uno de los episodios más graves de violaciones masivas de derechos humanos en la historia reciente de Perú, en el que 50 personas civiles y un policía murieron y más de 1,400 resultaron heridas durante las protestas que tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, la evidencia apunta a la posible responsabilidad penal de la presidenta Dina Boluarte y puede resultar vital en las investigaciones en curso, afirmó Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado recientemente.
El informe ¿Quién disparó la orden? Responsabilidad de la cadena de mando por muertes y lesiones en protestas en Perú, detalla las decisiones clave tomadas por la presidenta como jefa suprema de las fuerzas armadas y la policía de Perú, que ameritan que los fiscales evalúen su responsabilidad penal individual en sus investigaciones en curso.
“La presidenta, los ministros, los comandantes de la policía y las fuerzas armadas de Perú tomaron decisiones que finalmente tuvieron consecuencias letales. Cientos de víctimas y sobrevivientes están esperando respuestas sobre lo que los altos funcionarios sabían, o deberían haber sabido, y lo que no hicieron para detener los asesinatos,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Aunque la presidenta Boluarte negó bajo juramento ante la Fiscalía haber tenido contacto directo con los comandantes y minimizó su papel en la represión estatal, el informe muestra que, durante los tres meses en los que tuvieron lugar las protestas en todo el país, se reunió varias veces con los comandantes de las fuerzas armadas y la policía, lo que le dio múltiples oportunidades para condenar el uso ilegítimo generalizado de la fuerza y ordenar un cambio de táctica en terreno. Sin embargo, en lugar de utilizar sus frecuentes reuniones con ministros, policías y comandantes militares para este fin, continuó elogiando públicamente a las fuerzas de seguridad mientras vilipendiaba a las personas manifestantes como “terroristas” y “criminales,” sin brindar pruebas de ello. Además, en vez de pedir cuentas a sus subordinados, decidió ascender a funcionarios clave a puestos más altos, aunque supervisaban directamente las operaciones policiales y militares que causaron múltiples muertes.
Mientras tanto, José Pedro Castillo Terrones sigue negando los cargos y afirma que está bajo “secuestro político” y que fue vacado “ilegalmente” por quienes “luego asesinaron, hirieron, criminalizaron y encarcelaron a muchos hijos de nuestro heroico pueblo que lucha incansablemente en defensa de su voto y contra la actual dictadura”.
A comienzos del año, el Ministerio Público acusó formalmente a Castillo y solicitó 34 años de prisión en su contra por rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. Desde el 7 de diciembre de 2022, permanece en prisión preventiva por 18 meses, con otra orden de 36 meses mientras se le investiga por, presuntamente, liderar una red corrupta.
