Santo Domingo.– El fortalecimiento institucional, la optimización del gasto público, la reducción de la corrupción, la expansión de la infraestructura y la mejora en los sistemas de educación, salud pública y seguridad ciudadana son algunos de los principales desafíos identificados por las organizaciones de la sociedad civil para este 2025.
A pesar de los avances y los indicadores positivos alcanzados por la República Dominicana en 2024, el país enfrenta retos urgentes que requieren atención prioritaria para mejorar los niveles de institucionalidad.
En un comunicado, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) destacó que uno de los desafíos más relevantes para este año es la reducción del déficit fiscal del Gobierno.
“Dentro de los retos más visibles vinculados con estas metas, está la necesidad de fortalecer la fiscalidad del Estado para reducir tanto el déficit fiscal como el cuasifiscal, lo que permitirá un manejo más eficiente y sostenible de la deuda pública”, señala el documento.
Un año para reformas legislativas clave
Con la mayoría abrumadora del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la Cámara de Diputados y el Senado, se espera que la actual legislatura avance con mayor rapidez en proyectos de ley respaldados por el oficialismo.
Entre prioridades legislativas está reforma del Código Penal, debate quedó inconcluso
“La reforma penal impulsará el desarrollo de la política criminal, contribuyendo a la eficiencia del sistema de justicia mediante normas más claras y coherentes”, resalta el documento.
Otro tema urgente es revisar la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)
“El 2025 se presenta como una oportunidad para reintroducir esta norma, incorporando las mejoras necesarias tras un análisis profundo”, afirmó FINJUS.
Asimismo, quedan pendientes otras reformas legislativas fundamentales, como la modificación de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil y la Ley de Libre Expresión del Pensamiento. Además, proyectos relacionados con la protección de testigos y víctimas, la participación ciudadana y mecanismos de control social también figuran en la agenda prioritaria para combatir la opacidad y la corrupción.
Débil desempeño en auditorías externas
Durante 2024, la Cámara de Cuentas exhibió una gestión que FINJUS calificó como “desalentadora”, señalando que se requiere un fortalecimiento en los procesos de auditoría para garantizar una adecuada administración de los recursos públicos.
Ante la necesidad de elegir nuevos miembros para este órgano clave, FINJUS instó al Congreso Nacional a llevar a cabo un proceso de selección riguroso que priorice la transparencia y el desarrollo institucional del país.
Desafíos del Poder Judicial
El Poder Judicial enfrenta importantes retos en 2025, según la organización. FINJUS subrayó la necesidad de fortalecer el estatuto de la carrera judicial para garantizar la estabilidad de los jueces y dignificar su labor, al tiempo que se cumplen las metas institucionales.
Otro desafío clave es la implementación de herramientas digitales que agilicen los servicios judiciales y aumenten la transparencia de los procesos.
Logros destacados de 2024
A pesar de los retos, FINJUS reconoció avances significativos en materia de institucionalidad:
Procuraduría General de la República
Se consolidó la independencia de la figura del Procurador General, alejándola del proselitismo político y del Consejo Nacional de la Magistratura.
Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP)
Con recursos limitados, asistió a unas 58,000 personas de escasos recursos en 2024, garantizando su derecho a la defensa.
Reducción de la mora judicial
Más del 60 % de los tribunales de primera instancia están al día en los casos pendientes, y solo un 10 % de los juzgados de paz mantiene algún retraso.
Gestión de la Policía Nacional
Se lograron avances significativos en la mejora de la seguridad ciudadana y la modernización institucional.
FINJUS concluyó enfatizando que 2025 será un año clave para avanzar en las reformas necesarias y fortalecer la institucionalidad de la República Dominicana.
