FINJUS advierte garantizar la dignidad de las personas en la reforma del Código Penal
Los análisis y diagnósticos más relevantes sobre la calidad democrática y los riesgos sociales y económicos de la República Dominicana coinciden en señalar que uno de los déficits más preocupantes para avanzar hacia el logro de nuevos hitos en nuestro desarrollo radica en la obsolescencia del Código Penal. Se reconoce su reforma como una necesidad impostergable y crítica para la consolidación del Estado de derecho y la adaptación del sistema de justicia a las complejidades del siglo XXI.
Desde la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), hemos insistido en la urgencia y trascendencia de esta reforma, a la luz de un contexto nacional que ha evolucionado drásticamente y un panorama internacional que exige un enfoque renovado en los derechos humanos y la eficiencia penal. Sin embargo, esta reforma no puede ser concebida como un simple ajuste normativo técnico. Debe entenderse como una oportunidad histórica para reafirmar los principios fundamentales del orden constitucional, y el primero de ellos es la dignidad humana.
La dignidad humana es el eje estructurante de todo el sistema jurídico. El Estado Social y Democrático de Derecho que consagra nuestra Constitución no puede consolidarse si las normas penales no irradian un respeto pleno a este principio. En este sentido, un Código Penal moderno no sólo debe incorporar nuevos tipos penales que respondan a la realidad del crimen organizado y la violencia estructural. Asimismo, debe asegurar un enfoque de justicia penal que garantice la protección efectiva de los derechos de las mujeres, NNyA (niños, niñas y adolescentes) y quienes enfrentan condiciones especiales de vulnerabilidad, promoviendo una respuesta legal adecuada, coherente y proporcional frente a sus necesidades.
El proyecto de reforma al Código Penal en discusión contiene avances valiosos en la tipificación de conductas modernas asociadas a nuevas formas de criminalidad, como el sicariato, las estafas piramidales o los delitos digitales. Pero al mismo tiempo, plantea cuestionantes sensibles en la garantía de los derechos fundamentales de la dignidad de las personas, en especial las mujeres. La falta de disposiciones que aborden adecuadamente situaciones de emergencia médica, violencia sexual o condiciones incompatibles con una vida digna representa un vacío normativo que puede generar consecuencias adversas en la salud, la seguridad y la integridad personal.
Asimismo, el tratamiento normativo de delitos como el feminicidio presenta desafíos relevantes, ya que debe evitarse que su formulación limite la efectividad de su aplicación y que genere ambigüedades en su interpretación judicial.
Preocupa también la reducción de penas para ciertos delitos de naturaleza sexual, así como la posibilidad de prescripción en contextos donde existe una relación previa entre la víctima y el agresor. Esta perspectiva, en casos como la agresión sexual, la violación, el incesto y/o cualquier todo acto sexual no consentido, podría generar una percepción de inequidad en la aplicación de la justicia, al establecer un trato diferenciado que no responde adecuadamente al daño causado ni a las condiciones de vulnerabilidad en las que estos hechos pueden ocurrir.
La sociedad cursa una etapa crítica que refleja el agravamiento de las tensiones sociales, un aumento de la violencia y la agudización de conflictos que requerirán largos períodos para su reconstrucción. Desde FINJUS consideramos que ya no es posible seguir postergando el abordaje integral de esta reforma. No obstante, debe hacerse de forma responsable, coherente y respetuosa de los principios constitucionales y de los compromisos internacionales en derechos humanos.
El Estado tiene la obligación de generar políticas que permitan el control de los delitos dentro de marcos compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todas las personas. Un Código Penal moderno es piedra angular de esta obligación y su aprobación no puede hacerse a expensas de los principios de igualdad y dignidad de las mujeres.
Es necesario abordar con detenimiento y profundidad los puntos que han generado preocupaciones legítimas, garantizando una legislación penal con mayor delimitación y un balance adecuado entre la justicia, los derechos individuales y la seguridad. La comprensión del alcance de la política penal es esencial para combatir eficazmente la criminalidad, al tiempo que se respeten los derechos fundamentales.
En definitiva, esta reforma debe ser un paso clave para fortalecer la institucionalidad, la transparencia y la confianza pública en el sistema de justicia dominicano. Hacemos un llamado a que el proceso legislativo garantice que el nuevo Código Penal sea un instrumento al servicio de la justicia, la equidad y la protección integral de los derechos.
Servio Tulio Castaños Guzmán
Vicepresidente Ejecutivo FINJUS
