Santo Domingo, R.D. – La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha estado recientemente en el centro de la controversia debido a acusaciones sobre el uso indebido de fondos para influir en la opinión pública y en procesos políticos en diversos países, incluyendo la República Dominicana.
Uno de los principales movimientos involucrados en esta situación es Participación Ciudadana. Según fuentes oficiales, la USAID financió a esta organización con aproximadamente 10.87 millones de dólares entre 2015 y 2022. Este financiamiento ha generado debates sobre la influencia de entidades extranjeras en movimientos locales y su impacto en la política nacional.
Cabe mencionar que, hasta el momento, no se ha identificado públicamente a los políticos dominicanos que podrían estar directamente relacionados con este hecho.
Las investigaciones y debates continúan, y es esencial monitorear fuentes oficiales y medios de comunicación confiables para obtener información actualizada sobre las posibles implicaciones para los actores políticos locales.
En ese mismo contexto, el escándalo de la USAID ha tenido repercusiones en el ámbito comunicacional, poniendo en tela de juicio la reputación de varios periodistas de renombre en la República Dominicana.
Entre los comunicadores mencionados se encuentran Huchi Lora, Marino Zapete, Altagracia Salazar, Edith Febles y Mariasela Álvarez.
Estos periodistas han rechazado categóricamente las acusaciones. Huchi Lora afirmó que nunca ha recibido dinero de fuentes ajenas a los medios en los que ha trabajado durante sus 58 años de ejercicio profesional y que no tiene relación alguna con la USAID.
Además, señaló que esta campaña de difamación podría estar siendo promovida por algunos directivos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quienes enfrentan expedientes judiciales por desfalco al Estado.
Por su parte, Marino Zapete calificó las acusaciones como una estrategia de descrédito promovida por sectores políticos y ofreció un millón de pesos por cada evidencia que demuestre que ha recibido fondos de la USAID.
En este sentido, el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) han exigido la presentación de pruebas concretas que sustenten estas acusaciones. Ambas instituciones han destacado la trayectoria y compromiso de los periodistas mencionados y han repudiado lo que consideran una campaña planificada para dañar su imagen.
Es importante recalcar que hasta el momento no se han presentado evidencias contundentes que demuestren la participación de estos periodistas en actos delictivos. Sin embargo, lo ocurrido con la USAID ha generado un gran revuelo en la República Dominicana.
La fragilidad del sistema político dominicano queda en evidencia cuando, ante cualquier crisis, funcionarios del Estado caen como moscas. Situaciones como esta reflejan una crisis interna de criterios y ética tanto en el sector público como en algunos sectores que deberían estar al servicio de la nación dominicana.
