Luis Abinader ha afirmado que la deuda pública de la República Dominicana es sostenible
SANTO DOMINGO.-Durante su discurso de rendición de cuentas el 27 de febrero de 2025, destacó que al cierre de 2024, la deuda pública consolidada representaba el 57.5% del Producto Interno Bruto (PIB), una reducción respecto al 61% registrado en agosto de 2020, cuando asumió la presidencia.
Además, el mandatario señaló que en 2024, las agencias calificadoras Fitch y S&P ratificaron las calificaciones crediticias del país en «BB- positiva» y «BB estable», respectivamente, resaltando el buen desempeño económico y el manejo adecuado de la deuda pública.
El Fondo Monetario Internacional también reconoció la sostenibilidad de la deuda dominicana y respaldó las políticas adoptadas por el gobierno. En términos de recaudación, Abinader informó que en 2024 los ingresos del Estado alcanzaron el 16.3% del PIB, superando en un 0.6% lo recaudado en 2023.
Este incremento se atribuye a la evolución positiva de la actividad económica, la lucha contra la evasión fiscal y la mejora en la gestión tributaria. El déficit fiscal se situó en el 3.1%, conforme a lo presupuestado, lo cual es notable considerando que 2024 fue un año electoral.
Para reforzar la sostenibilidad financiera, en agosto de 2024 se promulgó la Ley de Responsabilidad Fiscal de las Instituciones Estatales, alineando al país con las mejores prácticas internacionales en gestión fiscal. Sin embargo, es importante mencionar que, aunque el porcentaje de deuda respecto al PIB ha disminuido, en términos absolutos la deuda pública ha aumentado.
Según datos de la Dirección General de Crédito Público, la deuda pasó de U$44,622.3 millones en 2020 a U$54,828.8 millones en diciembre de 2023, lo que representa un incremento de U$10,206.5 millones en tres años.
En resumen, según el presidente Abinader, la deuda pública del país es sostenible, respaldada por evaluaciones positivas de organismos internacionales y una gestión fiscal prudente. No obstante, el aumento absoluto de la deuda sugiere la necesidad de continuar implementando políticas fiscales responsables para garantizar la sostenibilidad a largo plazo.
