Bukele estudia liberación de 150 detenidos ‘arbitrariamente’ en guerra contra pandillas
SAN SALVADOR.– El Gobierno de El Salvador aceptó estudiar una solicitud para liberar a 150 detenidos «arbitrariamente» durante la guerra contra las pandillas del presidente Nayib Bukele, informaron este sábado organizaciones defensoras de derechos humanos.
«Les informamos que el escrito presentado ha sido admitido y, en este momento, la solicitud se encuentra en trámite», indicó el comisionado nacional para los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión, Andrés Guzmán, en una carta dirigida y publicada por el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), uno de los denunciantes del caso.
La organización destacó que, mediante este trámite, se busca comprobar la «inocencia» de 150 «víctimas capturadas arbitrariamente por el régimen».
El 27 de marzo de 2022, Bukele comenzó una «guerra» contra las pandillas amparado en un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial y bajo el cual han sido detenidos unos 83.000 presuntos pandilleros.
Según las organizaciones no gubernamentales (ONG) Socorro Jurídico Humanitario, Cristosal y MOVIR, aproximadamente 30.000 de esos 83.000 detenidos fueron arrestados sin orden judicial y están acusados de ser miembros o cómplices de las pandillas, a pesar de ser inocentes.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, antes de recibir el más alto reconocimiento diplomático de Costa Rica por parte del presidente Rodrigo Chaves en el Palacio Presidencial en San José.
«Tan pronto como se registren avances significativos, se les notificará», agregó Guzmán en la misiva.
Bukele reconoció semanas atrás que 8.000 personas inocentes fueron detenidas y luego liberadas.
Hasta 2022, El Salvador era considerado el país sin conflicto bélico más violento del mundo. Desde entonces, ha logrado reducir los homicidios a mínimos históricos (2,4 por cada 100.000 habitantes en 2023). Sin embargo, organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado «detenciones indiscriminadas» y más de 300 muertes bajo custodia estatal.
