La problemática: un país cercado por la indiferencia y el exceso
Nuestro país enfrenta hoy una de la crisis más compleja de su historia contemporánea. Se trata de un conflicto social, político y migratorio con profundas raíces históricas, agudizado por el colapso institucional del Estado haitiano y la inacción cómplice de la comunidad internacional. Haití, sumido en el desgobierno, ha generado un éxodo desbordado de su población hacia nuestro territorio, y esto ha colocado sobre los hombros del pueblo dominicano una carga humanitaria y económica que resulta insostenible.
Cada día ingresan cientos de ciudadanos haitianos de manera ilegal, aumentando exponencialmente una población migrante que ya sobrepasa la capacidad de absorción y regulación del Estado dominicano. El impacto directo de esta situación se refleja en la sobrecarga de los servicios de salud, educación, seguridad y asistencia social. Los hospitales públicos, por ejemplo, destinan entre un 30 % y un 40 % de sus recursos a atender ciudadanos haitianos, en especial en las zonas fronterizas y en provincias como Santiago y el Gran Santo Domingo (ver informe del SNS, 2023).
En términos presupuestarios, el Estado dominicano destina miles de millones de pesos anualmente para enfrentar una realidad migratoria que no generamos, pero que nos ha sido impuesta por omisión o complicidad de potencias extranjeras. La dialéctica jurídica internacional se nos ha vuelto un instrumento sin fuerza práctica, pues mientras el principio de soberanía nacional nos faculta a regular nuestras fronteras (Carta de la ONU, Art. 2.1), se nos juzga con una moral selectiva que prioriza el discurso humanitario sobre el derecho legítimo a la autodeterminación.
Una verdad incómoda: el silencio de la comunidad internacional.
La llamada “comunidad internacional” ha mostrado un desinterés alarmante por Haití. Las grandes potencias, que en su momento se beneficiaron del expolio colonial del pueblo haitiano, hoy prefieren mirar hacia otro lado. Francia, que forzó a Haití a pagar una indemnización por su independencia en el siglo XIX, nunca ha respondido por el daño económico histórico que ayudó a cimentar la debacle actual. Estados Unidos, por su parte, intervino militarmente en Haití en varias ocasiones en el siglo XX y, aun así, su liderazgo ha sido incapaz de garantizar un proceso mínimo de estabilidad en el país.
Este abandono es lo que ha llevado al sociólogo haitiano Michel-Rolph Trouillot a plantear que Haití ha sido históricamente un “Estado atrapado entre el fracaso interno y la manipulación externa” (Silencing the Past, 1995). Lo lamentable es que el costo de esa trampa histórica lo está pagando la República Dominicana, sola.
Afectaciones al Estado dominicano: economía, seguridad y soberanía.
- Economía: Los recursos públicos que podrían destinarse a mejorar la calidad de vida del pueblo dominicano se diluyen en cubrir necesidades de una población migrante sin regulación. Esto afecta los indicadores de desarrollo humano y compromete la sostenibilidad fiscal.
- Seguridad: El descontrol migratorio ha facilitado la proliferación de redes de tráfico humano, asentamientos ilegales y aumento de la criminalidad en zonas de alta densidad haitiana.
- Soberanía: Cada vez que se intenta aplicar la ley migratoria dominicana, surgen críticas internacionales acusando discriminación, sin considerar que estamos ejerciendo un derecho consagrado por el derecho internacional y constitucional (Ley General de Migración 285-04; Constitución de la República Dominicana, Art. 3 y 93).
Soluciones desde un enfoque dialéctico y soberano.
- Reafirmación del principio de soberanía nacional: El Estado dominicano debe actuar con firmeza y sin complejos frente a quienes nos piden hacer lo que ningún otro país toleraría. Como estableció Hegel, “la libertad se realiza cuando el Estado es capaz de actuar en coherencia con su razón histórica y su derecho objetivo” (Filosofía del Derecho, 1821).
- Pacto nacional por la regulación migratoria: Se requiere un consenso entre todas las fuerzas políticas, empresariales, académicas y sociales para formular un plan de acción que incluya: control estricto de la frontera, repatriaciones sostenidas, censo nacional de extranjeros y persecución del tráfico de indocumentados.
- Responsabilidad compartida internacional: A través de mecanismos multilaterales como la CELAC, CARICOM y la OEA, el país debe exigir un plan de acción hemisférico para Haití. No es un problema sólo dominicano, sino del continente.
- Educación ciudadana y nacionalismo democrático: Debemos concienciar al pueblo dominicano sobre su derecho a defender su territorio sin caer en xenofobia, pero sin renunciar jamás a su identidad. Como advirtió Juan Bosch, “los pueblos pequeños tienen que cuidar más que los grandes la idea de nación, porque si la pierden no les queda nada”.
- Presión diplomática organizada: Es tiempo de alzar la voz de forma unificada en todos los foros internacionales. No pedimos más de lo que cualquier país pediría: respeto a nuestra soberanía, apoyo a Haití sin que eso implique nuestro colapso.
Actuar o colapsar
La historia nos ha colocado en un punto de inflexión. La República Dominicana no puede ni debe cargar con una situación que no ha creado, y frente a la indiferencia global, sólo nos queda la unidad nacional como camino. Es hora de dejar de pedir permiso para hacer lo que nos corresponde como nación libre y soberana.
Que lo escuchen bien en la ONU, en Washington y en París: nosotros también somos humanos, y nuestra patria merece respeto
