Gutiérrez informó que junto a Evo Morales fue imputada Idelza Pozo, madre de la supuesta víctima, también por el mismo delito “trata de personas agravada”, luego de que ambos no pudieron ser aprehendidos, pese a existir una orden para ese cometido, desde principios de octubre, debido a que no se les halló en los domicilios legales que declararon.
La fiscal también manifestó que a raíz de esta situación, se activó una alerta migratoria en contra del expresidente y de Pozo, por considerar que existe riesgo de fuga y obstaculización a la investigación por parte de ambos.
La representante del Ministerio Público señaló que ahora se espera que el juez que atiende el caso fije el día y la hora para la audiencia de medidas cautelares en contra de Morales y Pozo.
La fiscal Gutiérrez negó que exista alguna motivación política detrás de sus diligencias: “Estamos resguardando los derechos de una persona que ha sido ultrajada, con el visto bueno de sus padres. Vamos a exponer todas estas situaciones (ante el juez)».
El Equipo jurídico del MAS-IPSP, afirma que el proceso que se inició contra Evo Morales desde un inicio tiene «vicios de nulidad e irregularidades y errores procesales», por lo que califican la acción de la Fiscal de Tarija como parte de una guerra judicial que busca inhabilitar a Morales para la próximas Elecciones y distraer la atención de población del fracaso de las Elecciones Judiciales afirmó la abogada Cecilia Urquieta.
Así mismo, el abogado Marcelo Galvan, remarcó que una imputación sin recibir la declaración del imputado es «irregular» por lo que denuncia vulneración de derechos del Ex Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.
Denuncio al mundo que soy víctima de una brutal Guerra Jurídica (lawfare) ejecutada por el Gobierno de Luis Arce que se comprometió a entregarme como trofeo de guerra a EEUU.
Al igual que muchos presidentes izquierdistas de América Latina, se inventan delitos en mi contra; no respetan los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso; me condenan y fusilan jurídica, política y mediáticamente. No tienen pruebas, solo consignas y odio desenfrenado.
El único delito que cometí es que siendo el primer presidente indígena logré un país con una economía justa para el pueblo; una Bolivia Plurinacional con inclusión de los siempre excluidos; no haber permitido la intromisión y abuso del imperio norteamericano; haber expulsado al embajador de EEUU y sus agencias saqueadoras y represoras.
Sufro desde hace tiempo un constante bombardeo de difamación e insultos.
El Gobierno tiene un ejército de fiscales, jueces, policías y militares, que no solo buscan eliminarme política y moralmente, sino físicamente. Por eso intentaron envenenarme y matarme. manifestó el Ex Presidente desde su cuenta en X
ORGANIZACIONES SOCIALES DE LAS 16 PROVINCIAS NO DESCARTAN SALIR A CALLES SI EN CASO DE QUE LA FISCALÍA EJECUTE LA ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA MORALES
El dirigente de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, Nelson Virreira, advirtió que, de concretarse cualquier acción contra el exmandatario, las bases sociales saldrán a las calles en movilización.
“Esta orden de aprehensión es una muestra más de la persecución política que enfrentan nuestros líderes. Si tocan a Evo, el pueblo no se quedará de brazos cruzados. Estamos listos para defenderlo en las calles”, declaró Virreira.
El dirigente también señaló que la medida judicial es un atentado contra los sectores populares que respaldan al exmandatario y al Movimiento Al Socialismo (MAS). “Evo Morales representa la lucha de los sectores campesinos, obreros e indígenas. No permitiremos que lo persigan de esta manera”, añadió.
Las organizaciones anunciaron reuniones de emergencia en las próximas horas para coordinar acciones de protesta a nivel departamental. Además, hicieron un llamado a otras regiones del país a unirse en defensa del expresidente, a quien consideran un símbolo de resistencia y liderazgo para los movimientos sociales.
Entretanto, Varios dirigentes de los pueblos que habitan el Estado Plurinacional exigen al gobierno nacional y a las instituciones judiciales que cesen las acciones que consideran una «guerra judicial» contra Evo Morales, advirtiendo que las movilizaciones podrían intensificarse si no se revierte la orden de aprehensión.
