ADOCCO querella a exministro Ángel Hernández por lavado

La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) formalizó este lunes una querella penal contra el exministro de Educación Ángel Hernández ante la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) por presunta violación de las Ley 311-14 de Declaración Jurada de Patrimonio y Ley 155-17 de Lavado de Activos.
La denuncia se centra en la omisión deliberada del exfuncionario de incluir en su declaración jurada de patrimonio una empresa familiar constituida antes de su nombramiento como ministro, así como la adquisición de costosas propiedades inmobiliarias que no corresponden con sus ingresos declarados.
La Constructora Playa Morón: El Punto Central de la Acusación
Según el presidente de ADOCCO, Julio César De la Rosa, Ángel Hernández no incluyó en su declaración jurada de bienes su «activo familiar más valioso»: la Constructora Playa Morón, registrada ante la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual el 31 de enero de 2022, siete meses antes de ser nombrado ministro.
La empresa fue formalmente constituida el 17 de marzo de 2022 con el Registro Nacional de Contribuyente No. 1-32-57050-2 y Registro Mercantil No. 1827855D. Posteriormente, el 29 de septiembre de 2022, un mes después de que Hernández ocupara el cargo ministerial, la empresa cambió su titularidad a nombre de su esposa Miriam de Jesús Acosta Peralta y su hija Alejandrina María Hernández Acosta.
Compra Millonaria en Las Terrenas
La Constructora Playa Morón adquirió un inmueble en Las Terrenas, Samaná, identificado con el No. 414346065286, que cuenta con 7,854.74 metros cuadrados (matrícula 3000537349) por un valor de RD$31,095,000 (aproximadamente US$525,000).
De la Rosa señaló que el valor estimado de una propiedad con esas características en esa zona exclusiva supera los US$4,000,000, y que la propiedad no registra ningún gravamen, lo que sugiere que fue comprada en efectivo. Sin embargo, «al revisar la declaración de ingresos del exministro y de su esposa, los ingresos que reportan no coinciden con una compra de una propiedad de ese valor».
Violaciones Legales Alegadas
ADOCCO argumenta que la omisión de la empresa en la declaración jurada constituye una violación al Artículo 05 y Artículo 08, Acápite 04 de la Ley 311-14, ya que Hernández estaba obligado por ley a proveer una relación verídica de todos los activos y pasivos de su comunidad conyugal.
Esta omisión, según la organización anticorrupción, constituye automáticamente una violación de la Ley No. 155-17 que castiga el lavado de activos, especialmente considerando la desproporción entre los ingresos declarados y el valor de los bienes adquiridos.
Cronología de los Hechos
31 de enero de 2022: Registro de Constructora Playa Morón ante la ONAPI
17 de marzo de 2022: Constitución formal de la empresa
3 de agosto de 2022: Ángel Hernández es nombrado ministro de Educación mediante decreto No. 414-22
29 de septiembre de 2022: Transferencia de la empresa a familiares del exministro
Fecha posterior: Adquisición del inmueble en Las Terrenas por RD$31 millones
Solicitudes al Ministerio Público
ADOCCO solicita formalmente al Ministerio Público:
Acoger la denuncia y proceder con la investigación criminal contra Ángel Enrique Hernández Castillo
Identificar a otros posibles participantes en los hechos denunciados
Recaudar los medios de prueba pertinentes para formalizar la acusación penal correspondiente
Precedente en la Lucha Anticorrupción
Esta querella se suma a los esfuerzos de ADOCCO por fiscalizar la gestión pública y hacer cumplir las leyes de transparencia patrimonial. La organización ha sido consistente en denunciar casos donde funcionarios públicos presuntamente han omitido información en sus declaraciones juradas o han mostrado incrementos patrimoniales desproporcionados a sus ingresos oficiales.
El caso del exministro Ángel Hernández representa un test importante para la justicia dominicana en términos de aplicación efectiva de las leyes anticorrupción y transparencia gubernamental, especialmente en lo relacionado con el control patrimonial de altos funcionarios del Estado.