Abinader Promulga Nuevo Código Penal Entre Controversias

El presidente Luis Abinader promulgó oficialmente el nuevo Código Penal dominicano el 5 de agosto de 2025, defendiendo la reforma como un avance significativo para el sistema judicial del país, aunque reconoció públicamente que la normativa «no es perfecta» y está abierta a futuras mejoras.
Defensa Presidencial de la Reforma
Durante el acto de promulgación del Código Penal, Abinader destacó que esta nueva legislación representa una modernización necesaria del marco jurídico dominicano, que llevaba décadas sin actualizaciones sustanciales. El mandatario enfatizó que, aunque la ley puede tener aspectos mejorables, constituye un paso fundamental hacia un sistema de justicia más eficiente.
El presidente explicó que el Código Penal 2025 incorpora nuevos tipos penales acordes con los delitos modernos, incluyendo crímenes cibernéticos, violencia de género y delitos ambientales que no estaban contemplados en la legislación anterior.
Controversia y Oposición Ciudadana
La controversia del Código Penal se intensificó tras su promulgación, con diversos sectores de la sociedad civil expresando su desacuerdo con aspectos específicos de la nueva normativa. Organizaciones sociales han convocado a un «Gran Cacerolazo» como forma de protesta masiva contra lo que consideran disposiciones problemáticas en el código.
Los críticos señalan preocupaciones sobre posibles limitaciones a las libertades individuales y aspectos que consideran regresivos en materia de derechos humanos. Las redes sociales se han convertido en el epicentro del debate, con ciudadanos utilizando hashtags para expresar su rechazo al Código Penal.
Impacto en el Sistema Judicial
La implementación del nuevo código requerirá un período de adaptación para jueces, fiscales y abogados, quienes deberán familiarizarse con las nuevas disposiciones. El sistema judicial dominicano enfrentará el desafío de aplicar efectivamente estas reformas mientras gestiona las controversias públicas.
Expertos jurídicos han iniciado análisis detallados de la nueva legislación para identificar tanto sus fortalezas como las áreas que podrían requerir ajustes mediante futuras enmiendas o reformas complementarias.