Desde tiempos remotos, el matrimonio ha sido mucho más que un vínculo afectivo: ha funcionado como un contrato social decisivo en la estructuración del tejido social, reinos y alianzas.
En su génesis tribal, fue una estrategia para asegurar la supervivencia, garantizar herederos y consolidar poder. Como señala Jack Goody (The Development of the Family and Marriage in Europe, 1983), la institución matrimonial nació para unir recursos, no necesariamente corazones. El Código de Hammurabi (siglo XVIII a.C.) ya regulaba patrimonio y divorcio, reflejando que el matrimonio era un acuerdo legal desde las primeras civilizaciones.
En Grecia y Roma, este pacto social preservaba linajes y adquiría formas jurídicas diversas, como la confarreación religiosa o la coemptio contractual. El jurista Modestino lo definía como: Unión de vida y de derecho divino y humano. En la Edad Media, la Iglesia lo convirtió en sacramento indisoluble, aunque seguía siendo herramienta política, como el matrimonio entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón (1469), que unificó España y abrió paso a la conquista de Granada.
La Ilustración y Rousseau renovaron la noción de contrato social, inspirando la visión moderna del matrimonio como pacto civil. Tras la Revolución Francesa (1792), el Estado asumió su regulación, y el Código Napoleónico (1804) formalizó derechos y deberes mutuos. Ejemplos históricos, como la unión de María Estuardo y Francisco II (1558) o la de Napoleón con María Luisa de Austria (1810), muestran su uso como herramienta geopolítica.
Hoy, aunque el romanticismo prime, el matrimonio sigue siendo un contrato legal que ordena bienes, herencia y derechos. Como decía Jean Carbonnier, el matrimonio es el contrato más cargado de afecto y, sin embargo, el que más necesita del Derecho para sobrevivir. Comprenderlo es entender que, junto a tratados y guerras, votos y anillos también han moldeado la historia.
