Santo Domingo, R.D. – El presidente de la República, Luis Abinader, anunció que el Gobierno dominicano ha recuperado un total de RD$6,500 millones producto de actos de corrupción, a través del Equipo de Recuperación de Patrimonio Público (ERPP). Esta suma será incorporada al presupuesto estatal del próximo semestre para su utilización en inversiones y gastos prioritarios del Gobierno.
Del total recuperado, RD$3,500 millones corresponden a recuperación directa, mientras que RD$3,000 millones están vinculados a procesos en Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE). Además, el mandatario indicó que aún están en curso procesos judiciales para la recuperación de hasta RD$130 mil millones adicionales.
Los bienes incautados son administrados por el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide), que se encargará de subastar los bienes muebles a partir de finales de julio o inicios de agosto. Los bienes inmuebles y recursos en efectivo serán gestionados por la Tesorería Nacional, bajo una ley especial que definirá su uso.
Abinader explicó que el proceso ha enfrentado obstáculos como resistencia de funcionarios, dificultades legales, presión de distintos poderes y acceso limitado a información internacional. Aun así, aseguró que el Gobierno mantiene su política de cero impunidad, afirmando que cualquier persona involucrada en corrupción será llevada ante la justicia, sin importar su condición, estatus o apellido.
Entre 2020 y 2025, se han remitido 287 expedientes al Ministerio de Administración Pública por irregularidades como abuso de poder, acoso laboral, nepotismo y duplicidad de funciones. De estos, 49 casos fueron enviados al Ministerio Público, con un promedio de respuesta de 55 días. Además, se han cancelado o detenido 517 procesos de compras sospechosas, protegiendo más de RD$43 mil millones en fondos públicos, y se han emitido más de 112,000 alertas a instituciones gubernamentales para prevenir irregularidades.
El ERPP, creado mediante decreto en 2021, opera con una estructura ágil, sin carga presupuestaria directa al Estado y con una misión clara de recuperar activos sustraídos al erario. Está conformado por expertos legales en diferentes ramas y trabaja de manera autónoma, discreta y alineada con los procesos judiciales.
El presidente Abinader reiteró su llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier acto de corrupción:
“No importa quién sea, ni el apellido que tenga. Si comete un acto ilegal, responderá ante el Ministerio Público, y lo hemos demostrado”.
