SANTO DOMINGO.- El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, aclaró que, al anular la Ley 1-24, que establecía y regulaba la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), el Tribunal Constitucional (TC) no cuestionó su contenido ni identificó violaciones a derechos fundamentales.
En una declaración escrita remitida a medios digitales, Peralta explicó que la decisión del TC de declarar la ley inconstitucional se basó en un error procedimental durante su trámite legislativo. Señaló que, aunque la ley fue aprobada por ambas cámaras con las mayorías necesarias, no se cumplieron las formalidades requeridas para su convocatoria y tratamiento.
AÚN NO ESTAMOS A SALVO
El consultor jurídico precisó que el Tribunal concluyó que el Congreso no convocó expresamente las sesiones, tal como lo exige la Constitución, para tratar una ley orgánica, aunque la propuesta obtuvo amplias mayorías: 125 de 126 votos en la Cámara de Diputados y 21 de 25 en el Senado.
“Este incumplimiento vicia la validez de la ley, dado que las normas orgánicas requieren procedimientos específicos según la Constitución y los reglamentos legislativos”, afirmó Peralta.
Añadió que la sentencia del TC precisó que la Ley núm. 1-24 está vinculada al ámbito de la seguridad y defensa nacional, lo que le otorga un carácter orgánico; pero aclaró que no regulaba directamente derechos fundamentales, como alegaban algunos accionantes.
PODER EJECUTIVO ACOGE EL CRITERIO DEL TRIBUNAL
Peralta reiteró que el Poder Ejecutivo respeta y acoge el criterio del Tribunal Constitucional y subrayó su compromiso con el cumplimiento estricto de las disposiciones constitucionales y legislativas.
“Saludamos el empeño del Tribunal en garantizar el cumplimiento del procedimiento legislativo en todos sus detalles, lo que fortalece nuestra institucionalidad. El Gobierno está comprometido a seguir impulsando iniciativas que cumplan cabalmente con el marco jurídico establecido”, expresó.
OPINA QUE LAS IRREGULARIDADES PUEDEN SER SUBSANADAS
El Consultor Jurídico comentó que, aunque la sentencia no especificó explícitamente las irregularidades, éstas pueden ser subsanadas mediante el cumplimiento del procedimiento correspondiente en el Congreso Nacional. Además, recordó que el Poder Legislativo está analizando una propuesta de reforma de la Ley núm. 1-24, fruto del consenso entre el Gobierno y diversos actores de la sociedad civil.
Comentario de experto sobre la importancia de la justicia constitucional
La decisión del Tribunal Constitucional subraya la trascendental función de la justicia constitucional como garante del cumplimiento de la ley y el respeto a los procedimientos establecidos en la Carta Magna. Esta instancia no solo vela por la protección de los derechos fundamentales, sino que también asegura que el proceso legislativo sea realizado de acuerdo con las formalidades constitucionales.
En este caso, la anulación de la Ley 1-24 debido a un vicio de procedimiento resalta cómo la justicia constitucional puede influir en la corrección de irregularidades legales, garantizando que el Estado de Derecho se mantenga intacto. Este tipo de decisiones fortalece las instituciones democráticas, pues promueve la transparencia, la legitimidad y la responsabilidad en la creación de leyes que afectan a la sociedad.
